De: Agustín Escobar Ledesma <escoba17@hotmail.com>
6:30 de la tarde (18:30 horas)
En el campamento del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) hay gran preocupación por la salud del ingeniero Cayetano Cabrera Esteva, cuya situación es muy delicada
por su prolongado ayuno, según señalan los reportes médicos. Sin embargo, este miércoles, cuando cumple 60 días en huelga de hambre y tiene dificultades para caminar y moverse, este trabajador acudirá a la graduación de una de sus hijas en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Cabrera Esteva, quien ya no tolera la miel ni el suero, saldrá en una ambulancia del campamento que el SME mantiene en el Zócalo capitalino, pero sólo para acompañar a su hija en esta ceremonia en Zacatenco, donde se recibirá de ingeniera del IPN, institución en la que Cayetano Cabrera es maestro y pidió un permiso para participar en esta huelga.
Sólo saldré unas horas para estar con mi hija, pero regreso porque, como ya lo advertí, me voy hasta las últimas consecuencias
, dice este integrante del SME, quien prácticamente se mantienen acostado todo el tiempo por su difícil situación de salud.
Integrantes del SME que son jubilados acudieron ayer al campamento para apoyar al trabajador, quien es el que más días en ayuno ha completado en esta protesta extrema. Reprocharon al gobierno que deje morir a este trabajador
y exigieron que ofrezca una solución negociada al conflicto que dejó sin trabajo a sus compañeros, lo cual es el motivo principal por el que iniciaron un ayuno masivo trabajadores y trabajadoras de este gremio.
La hija del ingeniero, Raquel Cabrera López, compartió una carta que escribió a los huelguistas, en la que señala: "… no puedo dejar de pensar en aquellos que aún creen en la salvación de este país desangrado, en esos hombres y mujeres que para demostrar su inconformidad han dejado de comer; no puedo dejar de verlos como los nuevos héroes de mi patria, de mi país que veo día tras día con tristeza y melancolía, ¿Qué es lo que nos han hecho de México?, me pregunto con coraje, con tristeza. ¿Acaso todo está perdido? La educación podrida, la vida arruinada, ¿será que la única solución es salir huyendo y gritar 'sálvese quien pueda'?
La admiración que siento hacia ustedes no sólo se basa en que lleven casi 50 días sin comer; no es sólo eso: los admiro porque a pesar de estar en un país desangrado por aquellos sedientos de poder, no han desistido en su lucha, siguen aquí, dándolo todo; los admiro porque he sido parte de los miles de jóvenes que carecían de esperanza, pero el verlos a ustedes llenos de fuerza me ha hecho ver que no todo está perdido, que sí se pueden cambiar las cosas; he comenzado a entender finalmente el porqué de la historia de mi patria, por qué se hicieron esas cosas, y por qué de ser necesario, volverían a suceder.
Intentará vendernos idea de que la gran solución a problemas del país está en el regreso tricolor, dijo.
La Jornada en línea
Publicado: 10/06/2010 20:28
México, DF. Con lleno total en el Teatro Metropolitan, este jueves Andrés Manuel López Obrador presentó su libro La mafia que se adueñó de México... y el 2012, en el que denuncia la existencia de una red de empresarios, políticos y tecnócratas coludidos con las ideas del ex presidente Carlos Salinas de Gortari para lograr que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gane las elecciones de 2012.
En su texto, quien fuera candidato a la Presidencia en 2006 asegura que los dueños de Televisa, empresarios, políticos priístas y tecnócratas conforman una red de 39 poderosos que manejan a través de los medios de comunicación masiva una campaña enfocada a ganar la presidencia.
López Obrador precisó que en este libro no se culpa al Partido Acción Nacional (PAN), pues -aseveró- los hilos de Felipe Calderón, quien ha sido "un pelele", son manejados desde su inicio como presidente por Carlos Salinas de Gortari, encargado de la campaña de Peña Nieto.
En ese tenor, pidió no culpar a Calderón y al PAN de todo lo que pasa en el país. Sostuvo que la oligarquía culpa a Calderón de todo lo que pasa porque ya no les sirve y han puesto en marcha una estrategia para vender el regreso del tricolor como una solución a los problemas nacionales.
Pidió no creer en la idea que quieren vender, de que la gran solución está en el regreso del PRI, pues -dijo- el retorno del tricolor equivaldría al de Antonio López de Santa Ana al poder.
López Obrador insistió en que nuestro país no registra crecimiento, sino lo contrario, en ningún rubro, ya que la sociedad va en descomposición en temas como violencia, narcotráfico, desempleo y migración.
El tabasqueño acusa al PRI y a la mafia de la extinción de LFC, así también como lo hizo en su momento con el sector minero y el sector ferroviario, que a pesar de ser importantes rubros en el país fueron ordeñados por el PRI.
López Obrador estuvo acompañado por Lorenzo Meyer, Elena Poniatovska, José María Perez Gay y Rogelio Ramírez de la O, entre otros, quienes presentaron sus diferentes perspectivas de la mafia que se adueñó de México y el 2012.
Por ultimo, Andrés Manuel pidió iniciar una campaña de difusión sobre las implicaciones del regreso del PRI a Los Pinos y construir una nueva política fincada en el amor y con el orgullo por estar luchando con una causa noble y justa.
Esta adición al artículo 17 de la Constitución hará posible que un grupo, una colectividad o un gremio promuevan en forma autónoma un juicio por ver afectados sus intereses y, en caso de obtener un fallo favorable, la resolución será extensiva a todos los afectados, aunque no hayan participado en la promoción del juicio.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juventino Castro y Castro, definió el alcance de la reforma: "Pertenece a todos y contra todo".
Por ejemplo, aunque una sola persona promueva un juicio en contra de las autoridades involucradas en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, donde murieron decenas de niños, los beneficios del juicio serán extensivos a toda la colectividad agraviada.
Ya no será necesario que cada uno de los afectados presente una demanda por separado para el mismo asunto.
Ese fue el sentido y la cobertura que impulsó con perseverancia la asociación civil AlConsumidor. Desafortunadamente, la anterior Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa que establecía que las acciones colectivas sólo abarcarían un limitado espectro (consumo, medio ambiente, servicios financieros) y que sólo podrían ser impulsadas a través de las instituciones del ramo respectivo, es decir Profeco, Profepa y Condusef.
En ese momento, se sumaron las organizaciones El Poder del Consumidor, Oxfam México y El Barzón para solicitar al Senado que no aceptara la propuesta de los diputados, ya que establecía control y tutelaje sobre las acciones colectivas. En diciembre de 2009 , el Senado le restituyó pleno sentido a la figura legal de las acciones colectivas y regresó las modificaciones a la Cámara de Diputados, donde fueron ratificadas por la nueva legislatura, cuyo pleno aprobó la reforma con 319 votos a favor. Sólo hubo una abstención: el coordinador del Partido Verde Ecologista de México, Juan José Guerra Abud.
Al concluir la votación, representantes de las organizaciones AlConsumidor, El Poder del Consumidor, El Barzón y Oxfam México se reunieron con varios diputados para expresarles su agradecimiento por apoyar exitosamente esta propuesta que permitirá a los ciudadanos defender sus derechos.
Ahora, la iniciativa será turnada a las Legislaturas estatales, donde se requerirá la ratificación en al menos 17 entidades para que se lleve a cabo la reforma constitucional y la figura de acciones colectivas entre en vigor.
México D.F., 7 de junio de 2010
BOLETIN URGENTE:
POLICIA ESTATAL DEL ESTADO DE COAHUILA TOMA LA MINA PASTA DE CONCHOS
A UNA VOZ, ¡RESCATE YA!
ORGANIZACIÓN FAMILIA PASTA DE CONCHOS
Contacto: familiapastadeconchos@gmail.com
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En el documento se señala la presunta responsabilidad del ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan Molinar Horcasitas, hoy titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; del ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours; del ex presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou, y de otros 16 funcionarios de los tres niveles de gobierno. Se precisa, además, que el IMSS ha estado subrogando guarderías a operadores privados sin tener la facultad legal para ello, y que lo ha hecho en un desorden generalizado
: como botones de muestra, la comisión de la SCJN destaca que sólo en 14 establecimientos (de mil 840 que operan bajo ese régimen irregular) se cumple con la normatividad requerida, que 49.9 por ciento de los concesionarios carecen de constancias vigentes de las autoridades de Protección Civil y que sólo 407 tienen el visto bueno vigente de los cuerpos de bomberos locales.
En suma, la Comisión Investigadora concluye que un integrante del gabinete calderonista y los ex titulares del Ejecutivo sonorense y del municipio de Hermosillo se estiman involucrados en la violación de garantías individuales
y que, en materia de guarderías subrogadas, las autoridades federales, así como las de diversos estados y municipios, han violado la ley en forma pertinaz y sistemática, lo cual constituye un golpe demoledor a la prédica oficial de observancia de la legalidad y a la pretensión de defensa y fortalecimiento del estado de derecho en el país.
Si bien el documento referido aún deberá ser discutido por el pleno del máximo tribunal de la nación y servir de base para un dictamen acerca de si las responsabilidades señaladas constituyeron una violación grave de garantías, las conclusiones de la Comisión Investigadora de la SCJN tendrían que conducir, en términos políticos, a una crisis de gabinete y, en los casos de los gobiernos de Sonora y Hermosillo, a una exhaustiva investigación judicial que se apartara de la complacencia y hasta del presumible afán de encubrimiento exhibidos hasta ahora por las autoridades.
Un dato exasperante, indicativo de la falta de voluntad para hacer justicia, es que hasta ahora sólo funcionarios menores han sido imputados penalmente por la tragedia y que ninguno se encuentra en la cárcel. Otro aspecto inocultable del escándalo es que ninguno de los propietarios de la guardería ABC –entre quienes se encuentra una familiar política del titular del Ejecutivo federal: Marcia Matilde Gómez del Campo– ha sido llevado a juicio.
En resumen, a casi nueve meses de ocurrida la tragedia de Hermosillo, hay 49 niños muertos, siete decenas de heridos y responsabilidades documentadas por dos decenas de funcionarios públicos pero, a ojos del poder público, ningún culpable. Si esta ecuación perversa, signo de la descomposición que afecta a la institucionalidad del país, no desemboca en la rápida consignación de los presuntos responsables, podrá concluirse que las instancias de gobierno no se rigen por la legalidad, sino por el cinismo.
La caravana tenía fines pacíficos, pues su objetivo era llevar alimento a un poblado que desde noviembre de 2009 se encuentra cercado, y en el que desde hace seis meses los paramilitares cortaron los cables de la energía eléctrica, de las líneas telefónicas y los ductos del agua potable.
Desde tiempos de la Colonia esta región ha sido presa de muy variados conflictos, y en nuestros días la situación se ve agravada por un largo proceso de sometimiento, desintegración territorial, explotación económica y discriminación racial, motivado por los intereses políticos y económicos sobre la zona. La actual agresión contra San Juan Copala tiene su origen en 2007, cuando el grupo conocido como MULT-I (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente) decidió crear un municipio autónomo, buscando legítimamente recuperar su libre determinación dentro del Estado mexicano, como alternativa organizativa frente a intereses que sólo buscan despojar de su territorio y sus recursos a los habitantes de la región. La respuesta de los grupos con afanes de control no se hizo esperar, y en los últimos meses se ha concretado en ataques violentos del grupo conocido como Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), al que se relaciona con el gobierno priísta de Ulises Ruiz, y cuyo dirigente declaró abiertamente que impedirían a toda costa el paso de la caravana. Además de otra serie de hechos violentos anteriores a la caravana, como los del 28 y 29 de noviembre del año pasado, el 10 de diciembre siguiente, o el 10 de marzo pasado, el 14 de mayo seis mujeres y seis niños fueron agredidos y privados de su libertad después de haber salido por víveres, y el 20 de mayo fueron asesinados Cleriberta Castro Aguilar y su esposo Timoteo Alejandro Ramírez, dirigente del MULT-I y líder moral del municipio.
Cabe aclarar que tal y como lo manifestaron varias organizaciones oaxaqueñas en un comunicado el 2 de mayo, el problema no es producto de un enfrentamiento entre comunidades, sino de un conflicto histórico en la región, en el que sin duda existe una responsabilidad directa del Estado, en la medida en que no sólo ha omitido instrumentar políticas para superar el grave rezago social, sino que ha soslayado las acciones de cacicazgo y control. Por lo que lo ocurrido es un reflejo de la absoluta impunidad con la que este grupo actúa, incluso portando armas de uso exclusivo del Ejército.
En un comunicado emitido también por la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos se menciona que en el caso de Copala se confirma nuevamente la repetición reiterada de un patrón de conducta de las autoridades mexicanas en diferentes escenarios y situaciones: oficialmente no hay paramilitares, y ellas sólo intervienen para garantizar la paz. Sin embargo, estas afirmaciones se ven contrastadas por la realidad. Resulta increíble que se minimice con declaraciones en las que se culpa a las organizaciones que se meten
en la zona, la situación de una comunidad en estado de sitio, cercada por un grupo armado que actúa en la más completa impunidad, que es de conocimiento público y se ha agravado al paso de los años, ante la mirada cómplice e indiferente de los gobiernos local y federal.
Las agresiones, en efecto, de las que ha sido víctima el municipio de San Juan Copala, han sido denunciadas desde el año 2007, sin que existan acciones firmes o concretas al respecto. La oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó en un comunicado el 28 de abril que el Estado tiene el deber de prevenir cualquier tipo de violaciones y proteger los derechos a la vida e integridad física de los habitantes del país frente a terceros. A ello tendríamos que añadir la omisión estatal para proteger el libre tránsito y otra serie de derechos fundamentales en perjuicio de gente que lucha por causas justas y legítimas.
Por estos motivos, innumerables organizaciones en el país y en el mundo han exigido que se garantice un alto total a la agresión de la que son objeto los habitantes de San Juan Copala; se garantice la seguridad y el libre tránsito en la región; se inicie un proceso de paz con justicia y dignidad para la región triqui, sin que esto excluya el juicio y el castigo a los responsables de los delitos cometidos; se realice una investigación pronta, completa e imparcial de los hechos, así como la intervención expedita de una institución civil federal (no militar), que garantice el proceso de paz en la región.
Se ha anunciado una nueva caravana humanitaria a Copala el día 8 de junio. Frente a este anuncio, y el silencio oficial, la dirigencia de la Ubisort dijo están exponiendo sus vidas
, poniendo con ello una vez más de manifiesto la ausencia de la autoridad en la región. El Estado mexicano está obligado a garantizar la seguridad de los habitantes de la región y de quienes acuden en su ayuda. Si no es capaz, al menos debería pedir formalmente al Comité de la Cruz Roja Internacional su intervención, a fin de brindar ayuda humanitaria a los afectados.