Violación de derechos humanos por policías en Querétaro

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Por: Juan José Arreola


sábado 8 de mayo de 2010, actualizado Mayo 8, 2010

Resultan –para decir lo menos- temerarias las respuestas del presidente municipal de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, sobre la recomendación que le envió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la violación de los derechos humanos de la pareja formada por Dellonce Miles Pérez González y Lanka Ixchel Juárez Escobedo.

El lunes pasado -26 de abril- los reporteros que cubren cotidianamente las actividades del presidente municipal, lo abordaron para entrevistarlo de un sinfín de temas. Uno de esos asuntos fue el de la referida recomendación.

En lugar de contestar si aceptarán o no la recomendación referida, el presidente municipal comentó que como Dellonce, muy probablemente era un delincuente, entonces evaluaría, primero si eso era verdad y después -dejó entrever- vería si acepta o no la recomendación.

*El caso

Dellonce Miles Pérez González pensó que los querían secuestrar cuando vio que 6 personas, todas ellas con el rostro cubierto con pasamontañas y portando armas largas, salían de una camioneta Van blanca dirigiéndose hacia su automóvil; lo encañonaron y esposaron mientras que su novia, Lanka Ixchel Juárez Escobedo, era vigilada por uno de ellos. 

Sucedió el 26 de agosto del 2009.

Supo que sus captores eran policías, del grupo especial denominado K-9, hasta que lo llevaron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en donde los presentaron, como narcotraficantes, ante varios reporteros.

A la hora de la detención, ninguno se identificó, no le informaron por qué lo arrestaban y tampoco le mostraron una orden de aprehensión.

Del lugar donde los detuvieron -frente a la entrada del Club Campestre de Querétaro- los trasladaron a las instalaciones de la referida secretaría y de ahí a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en donde el Ministerio Público consignó a Dellonce Miles por delitos contra la salud.

Para ejercer tal acción, el Ministerio Público se basó exclusivamente en la declaración de dos de los seis policías que los detuvieron; no les practicaron examen médico ni les tomaron declaración. 

"Nos destruyeron la vida; acabaron con nosotros", dijo Lanka Ixchel.

Por estos hechos, la CEDH envió su recomendación número 185 al presidente municipal de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, además de haberse iniciado la averiguación previa AESP/110/2009, por el delito de Tortura cometida en agravio de Dellonce Miles. La comisión solicitó la destitución de los elementos policiales involucrados.

*Gimnasia y magnesia

Me gustaría decir que el presidente municipal declaró lo que hemos apuntado líneas arriba, simplemente porque está confundido. Sin embargo, todo indica que no; que es su convicción clara y puntual y por eso la expresó. 

Si es así, el asunto se torna grave pues el principal gobernante municipal de Querétaro demuestra que los derechos humanos poco los entiende y, en todo caso, poco le importan.

Lo digo, primero, porque para él -de acuerdo a lo declarado- la lógica es: a quienes se les demuestre que son delincuentes no se les tiene porqué respetar sus derechos humanos. Dicho en otros términos, todo policía tiene la libertad de hacer lo que le plazca con una persona, si ésta es delincuente.

Por eso, cuando los reporteros le preguntaron si acataría o no la recomendación, la respuesta de Domínguez Servién, fue sorpresiva y diría, hasta llega a espantar.

Dijo el munícipe: "pues como está aparentemente involucrado un delincuente, hasta que no nos de (información) la delegada (de la PGR) tendrán que ponerse de acuerdo con el magistrado para no cometer una injusticia, tal vez con policías que estaban cumpliendo con su deber".

El alcalde no solamente toma una postura, sino que incluso atreve un juzgamiento personal sin elementos, pues apuesta por el hecho de que Dellonce sea delincuente. Para comprobarlo no nos dice que esperará a que el juez de la causa resuelva, o que indagará en el expediente para darse una idea; no. Apuesta exclusivamente por la información que le proporcionará -dice- la delegada de la Procuraduría General de la República (PGR), Norma Patricia Valdés Arguelles, para determinar la culpabilidad o no de Dellonce Milles.

Si la PGR piensa que es culpable, entonces el munícipe pensará igual. Por el contrario, si la dependencia federal llegara a retirar los cargos, el presidente diría que Dellonce es inocente.

Para poner la cereza del pastel, Francisco Domínguez trata de deslindarse del suceso (en lugar de preocuparse por la posibilidad de una violación) y afirma que sucedió en la administración anterior, como si no supiera que la instancia gubernamental asume sus responsabilidades sin importar el tiempo o la forma en que sucedieron los hechos. Él es el responsable de la administración pública (y, por cierto, servidor de los ciudadanos).

En su discurso, Domínguez Servién presume primero la inocencia de los policías que la del ciudadano. Dicho en otros términos, prefiere apostar por mantener la "buena" imagen de su administración ("fue, como yo he comentado, en la administración pasada...") a pensar, por lo menos, en la imparcialidad que tendría que asumir en un caso en el que están involucrados servidores públicos.

Este lunes 3 de mayo venció el plazo que tenía Francisco Domínguez para contestarle al presidente de la CEDH, Adolfo Ortega Osorio, si acepta o no la recomendación.

Pero a estas alturas quizá resulte lo menos trascendental lo que diga Francisco Domínguez. Es mucho más importante y, diríamos, hasta urgente, que el presidente municipal de Querétaro haga un acto de conciencia para que corrija su discurso, modifique su concepción y, sobre todo, para que asuma con convencimiento, una postura favorable a los derechos humanos.

El beneficio sería para todos.

Diario Rotativo de Querétaro