Adolfo Ortega. Foto. Diario de Querétaro.
Diario de Querétaro
18 de octubre de 2010
Abel de la Garza
Querétaro, Querétaro.- Nepotismo, existencia de 'aviadores', pagos injustificados, trato indigno y degradante hacia los trabajadores y actos de tortura, son sólo algunas acusaciones que hizo ante tribunales laborales -mediante denuncia- un ex empleado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro (CEDHQ), en contra del ombudmsan estatal Adolfo Ortega Osorio y algunos otros funcionarios, en cuyo documento testifican siete personas más.
En demanda presentada por Salvador Alberto Sosa Ocampo ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y cuya copia obra en poder de DIARIO DE QUERETARO, se acusa a Ortega Osorio de que "ha organizado a la CEDH como si fuera una empresa familiar, ya que en la nómina todavía aparece su papá el señor Adolfo Ortega Zarazúa, con un sueldo de 47,058.00 pesos, su primo de nombre Jonathan Villalobos Zarazúa, con un sueldo de 10,780.00 pesos (y un cobro extra de 41 mil 59 pesos) y a quien le asignó un auto chevy color azul, propiedad de la institución".
Además, se señala que en la nómina de proveedores de pago frecuente está Luz María Ortega Zarazúa, quien es su tía, con un importe de 2 mil 142 pesos.
"Este nepotismo trasciende al área de Visitaduría General, ya que en la nómina trabaja la C. Martha González Pasillas, como secretaria directa de su hermana Mónica González Pasillas", y de igual manera, recientemente comenzó a laborar el hijo de José Alfredo Vega López, quien se desempeña como Jefe de la Unidad Administrativa.
En el punto cinco de la demanda se explica que en la nómina "probablemente desde 2008, se encuentran registradas personas que nadie conoce", una de ellas de nombre Mariana Gutiérrez Ortiz, con un salario de 19 mil 529 pesos, con el cargo de coordinador de Eventos Culturales y Promoción. Pero se sabe que esta persona trabaja en el restaurante denominado La Apolonia, "cuyo dueño es el Lic. Adolfo Ortega". Igualmente se menciona a Yolanda Lorence Rodríguez, quien percibe 3 mil 690 pesos de la Comisión y de quien se desconoce cualquier información.
En la demanda se habla de proveedores numerosos por cantidades periódicas muy elevadas, como Héctor Jaime Feregrino Mendoza, de quien se sabe que es el dueño de la taquería "El Taconazo", quien por "supuestos servicios de diagnóstico", ha percibido mensualmente la cantidad de 20 mil pesos.
De la misma forma, se asegura que "existen irregularidades en pago de servicio de vigilancia a la empresa particular denominada Seguridad Guerrerense", a quien se le pagan 23 mil pesos mensuales y solamente proporciona un solo empleado que cubre los domingos -cuatro en un mes-.
La demanda señala que el primo del ombudsman, Jonathan Villalobos Zarazúa, además de su sueldo como vigilante por 10 mil 780 pesos, cobra una cantidad mensual de 41 mil 59 pesos -suficiente para pagar a dos visitadores- por servicios de vigilancia, pero además hace mal su trabajo, porque "paradójicamente, la Comisión ha sufrido una ola sistemática de robos desde 2007 a la fecha, ante la indiferencia del presidente".
El demandante denuncia que el cañón proyector propiedad de la CEDHQ, se utiliza en el restaurante La Apolonia, a donde también se ha llevado de manera esporádica más material propiedad de la institución, "como son unos quemadores de gas para calentar el ambiente".
El denunciante asegura que el personal, desde el año 2007 "ha sido tratado de forma indigna, por parte de la Visitadora General Mónica González Pasillas y la adjunta Margarita Mora Batiz", sin contar una constante amenaza de despido, "generando en los trabajadores un temor fundado y un estado permanente de estrés, inseguridad e incertidumbre al ver en riesgo su sustento en lo particular".
"El que suscribe sufrí esta clase de acoso terminando, como puede observarse, en el cumplimiento de la amenazas. De igual manera fueron amenazados y acosados los licenciados Carlos Lozada Padilla, Alejandro Burguette Vera y Mercedes Martínez Martínez".
El denunciante asegura que se aplica mordaza interna, toda vez que tienen prohibido por memoranda, no reunirse, no comunicarse entre compañeros en las instalaciones, no hacer uso de materia electrónico, "llegando a la prohibición literal de no ingresar a otras oficinas".
En la CEDH, dice, las actas administrativas están a la orden del día, sin fundamento legal y con el afán de amedrentar, siendo interpuestas incluso por personal que no tiene la capacidad legal.
"Trato indigno y degradante al personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos: La licenciada Emma Lambarri Malo, prácticamente fue lanzada de su oficina, sus cosas personales, escritorio y mobiliario se lo sacaron al patio. A la secretaria María de Jesús Loarca Diosdado, persona con mucha antigüedad en su puesto, se le ordenó que se presentara a laborar en una oficina de la CEDH que en su momento se estableció en la colonia Satélite, proyecto que fue un fracaso (...) posteriormente al cierre definitivo de dicha oficina, fue regresada a las oficinas (...) se le indicó que debería permanecer sentada todo el día laboral al interior de un espacio reducido (...) castigada a foliar expedientes".
Por si fuera poco, el punto 12 acusa que "se ha advertido un profundo quebranto económico en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a partir del año 2007 en el que el Lic. Adolfo Ortega Osorio fue nombrado como Presidente y que éste designo a las cabezas institucionales Visitador General, Secretario Ejecutivo y Administrador, que poco a poco la institución se ha ido desmoronando tanto operativa, como administrativamente".
La demanda habla de carencia de recursos materiales para trabajar, pero también de actos de tortura.
"Llamó en extremo la atención de todos los servidores públicos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que la Lic. Mónica González Pasillas haya permitido actos de tortura, en el interior de las oficinas de la Institución, puesto que consintió que elementos de la Dirección de Investigación del Delito, maltrataran de obra y palabra al encargado de la limpieza, por haber sido señalado como probable responsable de la comisión de un delito".
Y vienen más despidos injustificados: el de Paloma Moreno Cevallos, "por estar embarazada" y quien trabajaba en el área de psicología.
El documento, es firmado en sus anexos por los cinco Visitadores Adjuntos Auxiliares: Emma Lambarri Malo, Jisela Esther Castellanos López, Alejandro Burguete Vera, Antonio Jiménez Espínola; además del Visitador Penitenciario, Javier Juárez López. Y también los licenciados Carlos Lozada Padilla y maría de las Mercedes Martínez Martínez.
De este documento se envió copia a los titulares del Poder Ejecutivo Federal, Poder Ejecutivo Estatal, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, presidente de la Confederación Nacional de Organismos Públicos de Derechos Humanos, diputados locales, Entidad Superior de Fiscalización, Secretaría de la Contraloría, entre otros.
Aún con todo lo anterior, el quejoso demanda su reinstalación en el cargo y plaza respectiva.
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