Simulación turbia para sembrar maíz transgénico
Simular el cumplimiento de una ley es el truco más viejo para asegurar su violación impune. Históricamente, ese ha sido uno de las artificios más usados por las autoridades en México. El ejemplo más reciente está en un acuerdo de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que busca abrir la puerta a la siembra experimental de maíz genéticamente modificado en México.
Los titulares de esas dependencias, José Luis Luege Tamargo y Francisco Javier Mayorga Castañeda, parecen decididos a forzar esta determinación, simulando que se cumplen los requisitos establecidos por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM). No importa que México sea centro de origen del cultivo más importante del planeta, lo que interesa es que las compañías se salgan con la suya y comiencen a invadir el paisaje rural mexicano con sus cultivos genéticamente modificados.
Para satisfacer a las compañías productoras de transgénicos, la Semarnat y la Sagarpa buscan a toda costa autorizar las siembras experimentales en los campos del INIFAP en Valle del Yaqui, Valle del Fuerte, Valle de Culiacán, Río Bravo y Sur de Tamaulipas en los estados de Sonora, Sinaloa y Tamaulipas.
La LBOGM estipula en su artículo 88 que en los centros de origen y de diversidad genética sólo se permitirá la liberación de organismos genéticamente modificados cuando se trate de OGM distintos de las especies nativas. Para definir los centros de origen y de diversidad genética, el artículo 86 señala que se requiere de un acuerdo entre la Semarnat y la Sagarpa con base en la información proporcionada por diversas agencias del gobierno federal, entre las que destacan el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio).
El 10 de noviembre la Semarnat y Sagarpa publicaron un acuerdo en el que se determina que los campos experimentales arriba mencionados no pueden ser considerados centros de origen del maíz. Las razones que se mencionan en ese acuerdo son extrañas: no hay parientes silvestres en esos campos y "no existen datos históricos que evidencien que en estos lugares se llevó a cabo algún proceso de domesticación de alguna de dichas especies". El "acuerdo" entre Luege Tamargo y Mayorga no se sostiene, ni desde el punto de vista científico ni legal. Estas son las razones.
Una publicación reciente del INE desmiente el acuerdo y revela cómo la domesticación se lleva a cabo de manera simultánea con el proceso de dispersión de las especies cultivadas. La evidencia proviene de macrofósiles (mazorcas, olotes y granos) y microfósiles (polen y fitolitos) para los cuales es posible establecer la edad con técnicas de carbón radiactivo para muestras de pequeño tamaño. Con estas técnicas es posible tener una visión más certera de la relación entre domesticación y dispersión en el tiempo en el territorio nacional. Los mapas de isoclinas de contornos a intervalos de 500 años (utilizando macro y microfósiles fechados) muestran cómo la domesticación cubre toda la superficie nacional.
La aplicación de estas técnicas sobre materiales de las cuevas de Romero y Valenzuela, cerca de Ocampo, revela que la región norte de Tamaulipas desempeñó un papel importante en la domesticación de maíz en México. Por otra parte, el análisis publicado por el INE muestra no sólo que domesticación y dispersión van juntas, sino que las regiones donde se realizó la domesticación inicial son mucho más extendidas de lo que plantea el acuerdo de las dos secretarías.
Es falso, por lo tanto, que los centros de origen no tienen nada que ver con los estados de Sonora, Sinaloa y Tamaulipas. Una de las razas más antiguas de maíz en México, el chapalote, es precisamente de Sonora. Por sí solo, ese hecho revela la mentira de los señores Luege Tamargo y Mayorga.
Por otro lado, los mapas de la Conabio revelan que en Sonora, Sinaloa y Tamaulipas se han colectado maíces criollos. Como el proceso de domesticación no se ha detenido, si hoy se realizara una investigación seria, seguramente se encontrarían maíces acriollados y mezclas de todo tipo. Es falso que los campos experimentales no tengan relación con variedades criollas.
Finalmente, el acuerdo es producto de una serie de juntas, pero no de una investigación. Ni la Sagarpa ni la Semarnat han dado a conocer los estudios en los que supuestamente se basan los puntos medulares del acuerdo. Es de rutina en la investigación científica citar fuentes para respaldar afirmaciones. El acuerdo Semarnat-Sagarpa no tiene ninguna cita, ningún respaldo científico.
En el frente jurídico, los secretarios Luege Tamargo y Mayorga se encuentran igualmente descobijados. Ambos parecen olvidar que la simulación turbia no puede ser fuente de actos jurídicos con fuerza legal (ex turpi causa non oritur actio). A lo que sí puede conducir la simulación es a cometer delitos ambientales graves.
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