rodrigo vera y juan pablo proal
* Durante un secuestro exprés, querían que firmara un documento
* Tribunal en Puebla evita opinar sobre la fuga de cura pederasta
Puebla, Pue., 25 de septiembre (apro).- El chofer Julio Aguilar Gutiérrez, padre de Joaquín Aguilar, el joven que demandó al cardenal Norberto Rivera por encubrir a un sacerdote pederasta, fue secuestrado y golpeado el pasado domingo, en la Ciudad de México, mientras manejaba su microbús.
Aguilar Gutiérrez acudió este lunes a la Fiscalía Desconcentrada en Azcapotzalco para denunciar el secuestro exprés que, según testificó, ocurrió al mediodía del domingo, mientras circulaba en su microbús por las avenidas Ferrocarril Nacional y Aquiles Serdán, en la colonia San Rafael.
El chofer relató que varios individuos que viajaban en un Grand Marquis negro, le cerraron el paso, lo bajaron de su microbús y luego lo obligaron a subir al automóvil.
Según el denunciante, durante más de dos horas lo tuvieron plagiado. Y con base en golpes, intentaron que firmara un documento. Él se negó a hacerlo.
Los plagiarios le robaron 400 pesos y una tarjeta de circulación. Después, lo dejaron abandonado en la zona de la delegación Azcapotzalco.
El pasado martes 19, el hijo del chofer secuestrado, Joaquín Aguilar, denunció al cardenal Rivera, arzobispo primado de México, en la Corte Superior de California, por proteger al sacerdote pederasta Nicolás Aguilar, quien abusó sexualmente de Joaquín en 1994.
Un día después de interponer su denuncia, el joven Joaquín dio una conferencia de prensa en la que afirmó que él ha sufrido amenazas telefónicas anónimas. Supuso que provienen de personas cercanas al cardenal, quienes intentan intimidarlo para que desista de su demanda.
El pitazo
Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia en Puebla evitó emitir un pronunciamiento respecto de la publicación de la "tarjeta informativa" de los judiciales que intentaron capturar al sacerdote Nicolás Aguilar Rivera, la que revela que el juez Guillermo Ramírez Rodríguez alertó al clérigo sobre su próxima aprehensión, lo que le permitió escapar de la justicia.
"No hay comentario al respecto", mandó a decir el presidente del TSJ, Guillermo Pacheco Pulido, al departamento de Comunicación Social de este organismo. De esta forma, el jurista evadió profundizar en la presunta colusión del juez con el sacerdote acusado de pederastia, tanto en México como en Estados Unidos.
Este lunes el periódico digital e-consulta publicó la tarjeta informativa que los judiciales responsables de aprehender a Aguilar Rivera enviaron el pasado 7 de junio de 2002 al entonces juez primero de defensa social, Guillermo Ramírez Rodríguez.
El documento revela que el juez le recomendó al sacerdote que "ya nunca viniera a la ciudad de Tehuacán", para evitar así el cumplimiento de la orden de aprehensión correspondiente al proceso 6/1998.
Coincidentemente, por esas fechas el sacerdote "dejó de cumplir con su obligación de firmar en el libro de gobierno, por lo que se revocó su libertad provisional", según consta en la sentencia definitiva dictada por el propio juez Ramírez Rodríguez, el 19 de agosto de 2003.
Sin embargo, para el abogado Fernando Brito Azpiri, excoordinador de los Ministerios Públicos de Tehuacán, el juez siempre actuó apegado a derecho:
"Tengo conocimiento personal del señor juez, y yo sí puedo decirles que en todo momento actuó siempre conforme a derecho, en coordinación con nosotros".
En entrevista, Brito Azpiri subrayó:
"Vigilamos ese proceso, me consta que el entonces juez de lo primero de lo penal continuó el procedimiento, inclusive él condenó al sacerdote".
--A su juicio, ¿cómo actuó la justicia poblana en este caso?
--El procedimiento que se le dio fue el adecuado, sí el adecuado. (El acusado) fue juzgado, fue condenado, y si las autoridades federales determinaron alguna otra situación (otorgarle un amparo), habrá sido en base a un conocimiento superior, a un estudio de fondo de las garantías del implicado. Este proceso se llevó conforme a la ley.
Omisión del arzobispo de Puebla
Miguel Ángel Lara y Díaz, presidente de la Asociación de Ciudadanos Defensores de los Derechos Humanos, aseveró que el arzobispo de Puebla, Rosendo Huesca Pacheco, tenía la obligación "moral y ética" de denunciar ante las autoridades eclesiásticas los abusos sexuales perpetrados por Aguilar Rivera.
Subrayó que el prelado pudo prevenir las violaciones a los infantes de la Sierra Negra –las que se estiman en cerca de 60--, si hubiera notificado a sus superiores sobre los delitos del sacerdote pederasta.
Lo anterior, ante la revelación lanzada por el propio Huesca Pacheco el domingo anterior, quien reconoció la conducta sexual de Aguilar Rivera, e incluso admitió que conocía de ella mediante referencias de sus homólogos.
Sin embargo, el dirigente de la grey católica en Puebla no presentó denuncia alguna, pretextando que el artículo 104 del Código Civil del estado estipula que debe guardar confidencialidad profesional.
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